NOTA XXXIII

Una hora alterada
Por JUAN L. MANAZZONI

julio de 2009

Las elecciones del pasado domingo, en concepto, se realizaron a fin de seleccionar los representantes para el Poder Legislativo que, según la ley estipula, habrían de renovarse: 24 senadores y 128 diputados nacionales, junto a cientos de legisladores provinciales y concejales, en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La que vendría a ser una más de las habituales elecciones legislativas desde el regreso de la democracia, cobró sin embargo una especial carga de sentido: aduciendo el peligro de la crisis financiera internacional, el gobierno de Cristina Kirchner adelantó 120 días los comicios, mientras que los dos años que restan al recambio presidencial de 2011, sumaron un condimento especial a la situación.

En su búsqueda de adhesiones y votos, los principales contendientes apelaron a antagónicas materias de discurso: desde el oficialismo se invocó a “la profundización del modelo”, mientras que desde sectores de la oposición se propusieron imponer “límites al autoritarismo” gobernante. Junto a la exigencia formal que estipula la ley, la celebración de las elecciones se volvió también una urgencia de coyuntura.

La “necesidad de re-legitimarse” para seguir gobernando hizo que el oficialismo planteara estas elecciones como oportunidad de plebiscitar su mando al frente de la Nación. No obstante, las ansias por circunscribir al elenco gobernante y por el surgimiento de una opción clara para 2011, llevaron a la sociedad a expresarse en medio de un clima social con “urgencia por votar”.

Urgencia que no fue por ello el “apuro temporal” planteado el kirchnerismo al adelantar cuatro meses la elección; sino que gravitó, por el contrario, en una sensación social de demanda por resolver, basada en la espera de cambio en las actitudes de quienes gobiernan desde 2003.

Pese al adelanto de los comicios, la amenaza del caos, la presentación de falsas candidaturas (comúnmente conocidas como “testimoniales”) y el miedo al fraude, las elecciones fueron celebradas conforme a lo reglamentado por la ley electoral.

“Ganar, aunque sea por un voto, es ganar”, afirmaba Néstor Kirchner la semana previa a la elección. En términos reales quizás podría no haber perdido tanto. Pero el modo como resolvió plantear la elección, hizo que su derrota se volviera calamitosa: con su estulticia potenció lo negativo de su derrumbe, y con su discurso amenazante, perder fue “perder todo”.

Las preocupaciones y los problemas de los argentinos se advierten hoy opacados y disimulados tras el desarrollo de estrategias partidarias que sólo concluyeron en fracasos. Aquella lógica tremendista precipitó por un lado la caída del kirchnerismo, y por el otro, retrasó las gestiones para la solución de los mayores problemas que hoy afligen a la ciudadanía.

Según la vocación centralista del matrimonio gobernante, en la conferencia de prensa que brindó el lunes posterior a los comicios, la Presidenta nacionalizó los resultados obtenidos, números en verdad provinciales, para relativizar la derrota que encontraron en las urnas de la mayoría de los distritos. La misma óptica centralista que los llevó hacia una derrota de carácter federal pareció no ceder ni aprender la lección.

En su avanzada por concentrar poder, el último botín que Néstor Kirchner logró antes del inicio de la guerra gaucha por comienzos de 2008, fue la presidencia del PJ. Ése mismo PJ fue lo primero que entregó, horas después de la paliza electoral que recibió en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, y hasta en su austral Santa Cruz.

Tan sólo siete días más tarde, uno de los co-responsables del fracaso kirchnerista gasta sus energías en pretender conducir la desbandada de un PJ en diáspora, mientras la gripe, la inseguridad, el desempleo y las cuentas empeoran y desestabilizan cada vez mas la vida de bonaerenses y compatriotas.

Intentaron manejar el reloj social de los argentinos: adelantaron las elecciones, activaron más preocupaciones en la ciudadanía y retrasaron la resolución de los problemas. Quisieron desnaturalizar la hora de la vida nacional. Pero los tiempos vienen de la naturaleza, que como bien detalló Aristóteles, “nada hace en vano”.

NOTA XXXII

Los caminos que conducen a Roma
por JUAN L. MANAZZONI
Abril de 2009

Todos los caminos conducen a Roma. Así lo descubría la “tabula peutingeriana”, una red de destinos que organizaba las calzadas del Imperio y guiaba los itinerarios de viaje en la época de la antigua Roma.
Esa misma imagen conserva actualidad. El próximo 28 de junio miles de argentinos concurrirán a las urnas para elegir el recambio legislativo, y en consecuencia, revalidar su adhesión o manifestar su oposición al gobierno de Cristina Kirchner. Hoy, como con aquellos caminos antiguos, todos coinciden en que el Gobierno se encamina por un sendero peligroso frente a las elecciones de junio. Encuestadores y analistas pronostican que “el Gobierno puede perder” mientras “la calle” se hace eco también de ese coro de cálculos.
Ante una eventual derrota del oficialismo en junio, surge un interrogante acerca del proceso que resta y conduzca al Gobierno a perder las elecciones, tarea en la que el accionar opositor ocupa mayor protagonismo. Se predice un fin, mientras se duda respecto al método: así comienza la alquimia.
Confusión de tiempos
Con el adelantamiento de las elecciones cambiaron los tiempos electorales. Se apuntó a desarticular a una oposición que se vio en apuros y que por ello necesitó agilizar su ritmo para “coalicionar”. Sin embargo, quien tiene mayores urgencias es el propio Gobierno, que en junio pondrá en juego su destino de vida.
Habiendo transcurrido sus mejores épocas de relación con el electorado, cuando Cristina Kirchner logró la presidencia en octubre 2007, se inició naturalmente una etapa donde el oficialismo podía, o bien mantener sus niveles de adhesión popular, o bien comenzar a declinar.
Son bien conocidas tanto la historia que siguió a la asunción de Fernández de Kirchner, así como muchas consecuencias de las decisiones que adoptó: aquél techo de adhesión alcanzado en 2007 junto al largo conflicto estimulado frente al sector agropecuario, redujeron en el kirchnerismo el margen de maniobra para la construcción política, dando lugar a una ineludible tendencia a caer.
Consciente de su caída y a fin de aminorar ese margen negativo, el Gobierno recurre a la manipulación de recursos políticos, al manejo de las condiciones eleccionarias, al clientelismo. Con todo, sus ventajas electoralistas hoy no le devuelven ya la valiosa ganancia que perdió como recurso preciado: desde el conflicto con el campo, se quebró el lazo que unía el oficialismo con los sectores medios, que vapuleados o no, en otra época le brindaron un apoyo sustancial.
No obstante el manejo que el kirchnerismo hace de las condiciones electorales, la oposición cuenta con otras ventajas, de otro tiempo. Así como en el pasado el oficialismo frente a sus contundentes niveles de adhesión popular podía mantenerse o comenzar a caer, hoy los partidos de oposición tienen margen para maniobrar un potencial camino de crecimiento, reverso del oficialista.
Aprovechar ese potencial y formular un medio práctico, concreto, como propuesta ganadora depende de los gestos que la oposición revele, generando coaliciones y sobreponiéndose al manejo de las condiciones electorales, manejo que tiene por fin socavar cualquier capacidad de armado de propuesta política alternativa.
Que nadie gane
Por los números de las encuestas o por su experiencia de vida política, Kirchner sabe de la situación, y frente a la posibilidad de perder, busca que tampoco ganen los demás. La actitud de salvarse a sí mismo boicoteando las posibilidades de los demás, atacando las normas por cumplir para regular y asegurar la sana la competencia, siempre se ha consignado como llana deslealtad. Manipular las reglas de la competencia con el objeto de afectar a los otros que compiten, supone cierto boicot al sistema político y a la ciudadanía en general.
Los partidos políticos no oficialistas no son condición suficiente del sistema democrático: pero sí son condición necesaria. Al menoscabar así las posibilidades reales de la oposición, se perjudican al mismo tiempo las bases de la democracia. Por ello, el paso de la competencia (contienda leal entre quienes aspiran a obtener la misma cosa) a la agresión de las reglas de juego, sometiendo las posibilidades de las minorías, termina por sesgar la calidad democrática.
Se corre el riesgo de que tales actitudes acaben por conducir al electorado a cierto callejón sin salida con el vacío objeto de que “nadie gane”. Y si nadie gana, claramente, pierden todos.
Frente a tales actitudes, emerge la natural duda sobre cómo este Gobierno afrontaría una derrota electoral: si hasta ahora manipuló así las reglas del sistema en su beneficio, es legítimo preguntarse sobre su actuación en un día de hipotéticos resultados adversos.
Con seguridad, sí sabemos que son las “actitudes de Estado” el remedio a situaciones como las descritas. Actitudes de Estado que respeten los caminos y los tiempos orgánicos de la historia, que esperen la gradual evolución de los cambios y que consideren con respeto la tradición de los pueblos. Actitudes de Estado que impliquen gestos de conciliación y sana competencia, donde sea posible elevarse por encima de las facciones para servir al pueblo.

NOTA XXXI
Las cuatro batallas
por JUAN L. MANAZZONI
Marzo de 2009

El miércoles pasado y con el voto de 136 diputados, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto de adelantar las elecciones legislativas de este año para el mes de junio. El mismo día, en simultáneo, en el Teatro Argentino de La Plata, la Presidenta de la República “lanzó” el debate por una nueva Ley de Radiodifusión, sesenta días antes de enviar el proyecto para su debate y aprobación en el Congreso. Horas más tarde, ya el jueves, se anunciaba desde la Residencia presidencial de Olivos el nuevo destino para la recaudación de las polémicas retenciones a la exportación de soja.
Tres batallas.
En primer término, en su afán por recomponer la relación con el electorado que en otras épocas tuvo y hoy perdió, el kirchnerismo se lanzó a adelantar los comicios de octubre, cambiando las reglas de juego electoral en pleno desarrollo del cronograma establecido y zarandeando a los partidos de la oposición a fin de desarticular su avanzada y hacerse de una victoria que salve sus mayorías legislativas.
En segundo lugar, el oficialismo redobló esta semana su afrenta con los medios de comunicación y específicamente contra el Grupo Clarín, denunciando “la concentración mediática y su sistemática oposición” al Gobierno. Es posible dudar que el objetivo de la nueva ley sea no sólo desarticular la actual concentración, sino también allanar el camino a un nuevo tipo de digitación desde el poder político.
Por último, en torno a las retenciones a la soja, se anunció la decisión de coparticipar a las provincias el 30% de lo que se recauda en concepto de derechos de exportación de esos granos. Según la dirigencia agropecuaria, la nueva disposición no acerca soluciones a la crisis por la que atraviesa la producción primaria y la consideran un nuevo atajo que toma el Gobierno para tensionar la negociación y congelar toda discusión.
La cuarta batalla.
El oficialismo conserva aún la posibilidad formal de ganar las elecciones, sean en octubre o en junio, así como la oposición. En caso de ganar el oficialismo, evidentemente ganaría “menos” que en 2005 y en 2007. Mantener las bancas que tiene hoy en el Congreso le será imposible. De ahí ya su derrota.
El miércoles pasado logró arañando una victoria parlamentaria con “la Cámara que se va”. Sin duda, después del 10 de diciembre esas mayorías ya no existirán. Por ello, aún en el dificultoso caso de ganar las elecciones en determinadas provincias, es un hecho que en breve el oficialismo pasará a ser minoría en el Congreso Nacional.
En la Argentina de los últimos seis años las grandes decisiones y el poder en general fueron edificados bajo el paraguas de la distinción “amigo versus enemigo”. El espacio social fue dicotomizado según el criterio de un Gobierno que adoptaba decisiones mientras asignaba a disidentes y opositores el traje de “enemigos de los argentinos”.
Por ello resulta llamativo el gesto del Gobierno al promover en los próximos sesenta días el debate por una nueva Ley de Radiodifusión: del caso de unas pocas personas tomando las decisiones para los 37 millones de compatriotas en una habitación y anunciándolas sorpresivamente, se pasa al extremo opuesto, bueno en sí mismo, de propiciar “el debate” del proyecto de Ley entre los sectores involucrados y los actores que algo tienen que ver con esa reglamentación.
La nueva Ley de Radiodifusión pone en jaque los intereses de poderosos grupos económicos dedicados a la comunicación y la actividad periodística. La pregunta que naturalmente surge es por qué el Gobierno decide llamarse a duelo con las grandes cadenas de medios de comunicación a partir del día en que el Congreso debate acelerar las elecciones.
Mientras en La Plata la Presidenta divulgaba el proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión, a la misma hora, en el recinto de la Cámara de Diputados se debatía adelantar las elecciones al mes de junio, y fuera del Congreso, miles de vecinos de la Capital marchaban exigiendo mayor seguridad.
Dos efectos se propuso el oficialismo desde la capital provincial: uno inmediato y otro mediato. En el primero de los casos se buscó diluir la atención de la opinión pública, opacando dos situaciones contradictorias y polémicas, como el cambio de fecha de las elecciones y la inacción frente a la inseguridad. El segundo efecto que se intentó, mediato y substancial, fue el de advertir a los medios de comunicación, sobre la posible sanción de la nueva ley.
La Argentina necesita de una nueva norma que regule la radiodifusión, de acuerdo a los nuevos tiempos y al avance de la tecnología, y sobre todo, democrática, garantizando pluralidad y libertad de expresión.
Pero también la responsabilidad del Estado es primaria a la hora de evitar volver a una sociedad víctima del cruce de nuevas sospechas, de acusaciones de ánimo conspirativo y de la sombría metodología de declarar amigos y enemigos dentro de la Nación.
Bajo “una mímesis de debate”, la ciudadanía volvió a quedar esta semana en medio de presiones y provocación, al tiempo que las voces de los representantes que debatían en el Congreso Nacional y las de miles de argentinos que protestaban en las calles, fueron disimuladas.
En la batalla con los medios de comunicación, en el adelantamiento de las elecciones y en la tensión con los productores agropecuarios, el Gobierno “se pinta la cara”. Mimetizándose, esconde su rostro.
Ajustar las cuentas públicas para mientras asegurarse “la caja” como órgano de poder, involucrará para Kirchner volver a las políticas de ajuste que tanto denostó.
Extenuado ya para esa cuarta batalla, Kirchner evade su responsabilidad y busca los culpables “formales”, a quienes condenar por las frustraciones de los argentinos. Escondiéndose detrás de “la embestida de la oposición, de los medios y el agro” el Gobierno se mimetiza, acusando intenciones de boicot “contra el gobierno popular”. Para ello se pinta la cara, como su aliado Aldo Rico.

NOTA XXX
El doble discurso
Por JUAN L. MANAZZONI

Marzo de 2009

Desde el segundo trimestre de 2008, el Gobierno argentino amaga con elevar al Congreso un proyecto de ley que apruebe una sustancial reforma de la actual ley n° 22.285, conocida como Ley de Radiodifusión, vigente desde la última dictadura militar.

Un año atrás, al promediar el conflicto con el sector agropecuario, la administración kirchnerista aseveró la necesidad de reformular la normativa en materia de radiodifusión, denunciando por un lado el componente antidemocrático de su constitución, como también su desactualización respecto de los nuevos saltos tecnológicos hoy incorporados a la comunicación y la actividad periodística.

Días atrás la Presidenta de la República, expresó que la iniciativa de la nueva Ley de Radiodifusión que proyecta elevar al Congreso, “respaldará a un modelo con los estándares de los grandes países desarrollados.” Esta nueva reglamentación, según explican en el oficialismo, intentará devolver la centralidad del rol del Estado “en garantizar la diversidad y la pluralidad de información”.

El Gobierno perseverantemente viene denunciando un proceso de concentración y monopolización del cual la actividad periodística e informativa se ha vuelto presa. Hoy el conglomerado mediático, fuerte y con mucho poder, “atenta directamente contra la generación y difusión de la diversidad de opiniones que garantiza la libertad de expresión”, afirmó días pasados Gabriel Mariotto, interventor del Comité Federal de Radiodifusión.

Por ello es destacable la razón que aportan quienes defienden la nueva Ley de Radiodifusión como un instrumento adecuado que consiga, primero, impedir la disposición a la concentración mediática, y luego entonces, garantizar la pluralidad y diversidad de voces.

En concreto, la modificación que el kirchnerismo planea implementar para garantizar esa pluralidad de opiniones, voces y libertad de prensa, implica la recuperación de licencias y frecuencias perdidas, que en el futuro serían repartidas con una lógica diferente a la actual: un 33% entre las personas jurídicas sin fines de lucro, otro 33% para el Estado y el 33% restante para el ámbito privado.

No obstante, hechos recientes desdicen lo propuesto por el Gobierno argentino en materia de radiodifusión. Más bien, parece que estamos frente a otra de las situaciones en las que el oficialismo proclama una posición “de progreso” para escudar y maquillar decisiones polémicas, controvertidas y posiblemente contrarias al interés público

.Los gestos del oficialismo no parecen animados por el espíritu “progresista” que los funcionarios de Néstor Kirchner quieren imprimirle a este proyecto de ley.

Primero. Avanza por la vía judicial la demanda iniciada por PERFIL ante la negativa emanada desde la Secretaría de Medios de la Nación en conceder pautas de publicidad oficial a un diario que, según el oficialismo, pronuncia “oposición”.

Segundo. La no renovación de contratos y el consecuente levantamiento del programa de Nelson Castro, en Radio Del Plata, esbozan otro turbio trato desde el poder respecto a la libertad de expresión y prensa. Más llamativo aún es el levantamiento del programa que Claudio Morgado conducía en Radio Nacional. Morgado es diputado nacional por la Capital, y miembro del bloque Frente para la Victoria-PJ. Según declaró el legislador, su programación fue suspendida tras entrevistar a dirigentes de la oposición como Federico Pinedo. Situación que además llevaría a Morgado a abandonar el bloque oficialista.

Tercero. El pasado miércoles, la emisora oficial Canal 7, interrumpió su habitual programa de la hora 20, para transmitir en directo durante casi 25 minutos, el discurso completo que Néstor Kirchner, dio en la ciudad de Chivilcoy en un acto del Partido Justicialista.

Un dato relevante. En nuestro país sólo ocho ciudades del interior tienen más de una oferta de televisión abierta. El canal del Estado, que debería cubrir todo el Territorio Nacional, sólo llega al 35% de la extensión geográfica y aproximadamente al 50% de la población, salvo que se lo haga por circuito por cable.

Nuevamente los argentinos padecemos una realidad escindida, desdoblada. Y con ella, un discurso también doble, que tiene una misma causa y una sola razón. Por un lado se proclama un relato y por el otro, se hace lo contrario: se propone una ley para evitar la concentración mediática respecto a determinados grupos o holdings dedicados a la actividad periodística y a la comunicación social. En contraste, en grotesca discreción, se manipulan las pautas de publicidad oficiales y las programaciones de radios y canales de televisión.

Es creciente la sospecha en torno a esa “desconcentración” que el Gobierno suscita: nos lleva a dudar si con ella no se intenta facilitar una nueva concentración, en beneficio de nuevos grupos afines, como en el caso de Radio Del Plata, o en favor de ciertas asociaciones y organizaciones “sin fines de lucro”, a las que acostumbradamente vemos sostenidas, en rigor financiadas, por el oficialismo.

NOTA XXIX

La cizaña y el trigo
Por JUAN L. MANAZZONI

Febrero de 2009

Finalizó esta semana con más legisladores nacionales que abandonaron la bancada oficialista, situación que generó repercusiones no menores. Los senadores nacionales Carlos Reutemann, jefe del peronismo de Santa Fe, y Juan Carlos Romero, varias veces gobernador de Salta, renunciaron al Frente para la Victoria, denunciando la negación al aperturismo desde la Casa de Gobierno. Con ellos van quienes los siguen: diputados, legisladores provinciales y concejales o consejeros locales, que se suman a la sangría iniciada en 2008.

Esta escalada de renuncias muestra el retroceso de un proyecto político que por algunos años se plantó en avanzada. La matriz utilizada durante seis años para la construcción de poder es la misma que hoy lo licúa. Matriz que dejó de ser funcional a la sociedad, pese a que el Gobierno resiste a darse cuenta de ello.

En períodos de cierta estabilidad y crecimiento económicos, las dificultades propias de la crisis de representación y de los partidos políticos fueron sorteadas sin mayores dificultades, momentos en los que el Gobierno logró mayor aceptación social, mientras la sociedad exigía a la vez la recuperación y fortalecimiento de los canales de decisión públicos. Circunstancia obvia tras padecer la crisis de desgobierno que los argentinos sufrimos en 2001.

No obstante, aquella primera etapa de gobierno, caracterizada por sus altos niveles de construcción política, fue el mismo tiempo en que Kirchner junto a su trigo, fertilizó también la cizaña que hoy lo ahoga.

Néstor Kirchner, ex presidente y conductor del frente que lidera, sujetó a cuantos actores se le cruzaron a sucesivas confrontaciones, que lentamente fueron replicando en el interior de aquel cuerpo político. La derrota legislativa en la batalla por la resolución 125 desnudó esa hemorragia interna, hoy ya insuperable.

La “pejotización” junto a los cuestionados intendentes del Gran Buenos Aires con la dejadez hacia la fuerzas aliadas del campo progresista que resultaron imprescindibles para la victoria electoral de 2007, por un lado, y la presión alrededor del manejo de los recursos públicos sobre intendentes y gobernadores, por el otro, fueron los dos factores que minaron aquella construcción política que Kirchner inició en 2003.

“Hacia afuera”, la relación con las organizaciones sindicales para el futuro cercano es cada vez más incierta; otro tanto respecto de los sectores del capital, nacionales y todo, hoy en abierta confrontación. Otro tanto en cuanto a la prensa, los sectores de la cultura, los credos religiosos, por citar actores no menores.

La encerrona de debilidad en la que hoy cayó el Gobierno es consecuencia directa de su lógica centralizada que indujo al fracaso en la generación de un proyecto político trascendente y sustentable. El creciente flujo de legisladores y gobernadores, dirigentes y caudillos provinciales que marcan su enfrentamiento a la Casa Rosada es natural derivación de un poder concebido y ejercicio de forma concentrada y excluyente.

Tal es la extenuación, que se abandonó la práctica de aquel juicio categórico de “traición” que meses atrás se impartió sobre dirigentes que manifestaron disidencias y dejaron de apoyar al Gobierno. Al punto que mientras Reutemann quita su apoyo aminorando aún más al Gobierno, por ejemplo, éste implora que el senador sea su candidato en los próximos comicios de Santa Fe. Actitud impensada meses atrás.

El derrumbe de poder (derrumbe del poder, no derrumbe del Gobierno) parece ser análogo y concomitante a aquel ritmo de recuperación de la autoridad presidencial y capacidad de decisión que los Kirchner supieron impulsar: el problema fue que fraguaron su construcción con elementos endebles y prácticas que adulteran el ideal republicano.

Los gestos y la eventualidad de síntesis que en las últimas semanas exhibieron los partidos y dirigentes de la oposición es un antecedente propicio, al margen de las simpatías y antipatías profesadas respecto de aquellos mismos dirigentes o partidos. Los acercamientos entre sectores del arco opositor, antes dispersos, facilitará que el sistema político descanse en un número cierto de alternativas viables y con necesarias diferencias de sustancia y de propuesta: para que así el ciudadano elija, contribuyendo a la recuperación de la gobernabilidad y la paz social.

NOTA XXVIII

El aporte del silencio
por JUAN L. MANAZZONI

Febrero de 2009

En la última semana, de la mano de partidos de la oposición, entre los que se cuentan PRO, la Coalición Cívica y la UCR, junto al peronismo alternativo que conduce Felipe Solá, cobró mucha fuerza y notoriedad la idea de incorporar para las elecciones en nuestro país el sistema de boleta única. El viernes, precisamente, se presentó uno de los proyectos de ley y es de suponer que se iniciará un contundente debate sobre una cuestión más que delicada al interés público.

El Foro para la Reforma Política, una de las organizaciones de la sociedad civil nucleada detrás de esta causa, avaló nuevamente el planteo de esta necesidad pública e incentivó la presentación de proyectos de ley para una reforma sustancial.

Desde hace ya varios años son muchas las voluntades que se alzan en pro de la reforma política argentina, lo que naturalmente incluye la imperiosa modernización del sistema electoral. Esta idea en particular cobró un ímpetu propio tras las elecciones generales de octubre de 2007, sobre todo, cuando la candidata presidencial Elisa Carrió denunció el robo de boletas de su partido en mesas del conurbano bonaerense.

“Nos robaron las boletas del cuarto oscuro”, sentenciaba Carrió: sus reclamos ante el hecho de que sus seguidores no encontraban la boleta para sufragar por ella no cayeron en saco roto y hoy este tema tan trascendente llega al Congreso de la Nación.

Después de cinco décadas de inestabilidad institucional, en 1983 se inició en la Argentina un pausado camino de recuperación, crecimiento y fortalecimiento institucional. A veinticinco años de la recuperación democrática y a quince de la Reforma constitucional de 1994, es esperable que de una vez por todas se asuma la responsabilidad de reformular un sistema electoral que hoy viene a generar un margen de dudas, pero susceptible de ser corregido en pos de mayor confianza y certezas.

Sin embargo, es ineludible observar el momento en que emerge el debate: lamentablemente el proceso de debilitamiento frente a la sociedad del Gobierno nacional iniciado en 2008 juega una mala pasada al debate de esta cuestión trascendente. La situación previa a las elecciones legislativas de octubre próximo, en las que algunos vaticinan un resultado complicado para el oficialismo, hace que nuevamente todos los argentinos volvamos a ser rehenes de los caprichos de unos pocos.

Un dato para tener en cuenta es que la necesidad de reformar el sistema electoral no provino sólo de bancadas de la oposición, sino de dirigentes de distritos donde el Gobierno nacional encuentra altos niveles de debilitamiento y falta de adhesión, por citar la Capital Federal y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y la populosa Buenos Aires.

Los gobernadores de provincias más chicas, en su mayoría ligados al kirchnerismo, obviaron manifestarse sobre el tema. Los intendentes del Conurbano, otro tanto, mientras los legisladores del PJ brillaron también por su silencio.

La costumbre oficial, verborrágica en defender sus posturas y en atacar las alternativas, contrastó esta vez con un silencio inusual desde hace muchos años: largamente declamaron por la reforma política, y ahora que se propone una reformulación concreta y auspiciosa, evitan la discusión. Con renuencia, volvemos a padecer la negación del diálogo, que de alguna manera, es la negación del otro.

Al preguntarnos por qué el Gobierno elude esta responsabilidad primaria, irrumpen tres posibles razones. Primero, que el kirchnerismo, en su agudo proceso de sangrado, no cuenta ya con las cómodas mayorías que supo conseguir y con las que imponía sus criterios. Recuérdese que una de las últimas votaciones en la Cámara de Diputados en 2008, aquella que trataba el polémico blanqueo de capitales, se aprobó con una ajustada mayoría y dudosamente mayoría. Segundo, se pone en juego su mismo sistema de construcción de mayorías: la reforma del sistema supone atacar ciertas prácticas que, si el Gobierno no utilizó, al menos sí dejó de combatir, para hacerse de una mayoría que hoy ya no tiene, pero con la que se impuso durante cinco años. Tercero, y ahora ya en el caso de que se logre la aprobación de la ley, en la situación de descreimiento generalizado por la que hoy atraviesa, el Poder Ejecutivo no podría ejercer su poder de veto, hecho que le significaría su autoimplosión asegurada.

Por lo visto, el Gobierno no realizará ningún aporte ni contribución, ni presentará alternativa propia: cuando todo el arco político argentino comparte que el sistema electoral del país debe ser agilitado y modernizado, el Gobierno que dice ser progresista vuelve a limitarse cercenando todo aquello que no surja de su seno. “Argentina, un país en serio”, rezaba el lema de campaña cuando Néstor Kirchner era candidato presidencial en 2003: en un país en serio, es inconcebible que ante el necesario trato de una cuestión tan urgente y delicada para el presente y para el futuro, sus dirigentes nada propongan o sólo profieran ataques sordos a los planteos de las minorías.

El actual régimen electoral aguarda medidas correctivas de aquellos vicios y prácticas que corrompen la manifestación clara de la voluntad popular. La intención alegada por quienes proponen esta reforma de sistema es precisamente “transparentar el proceso electoral”: de forma literal, volverlo más transparente implica lograr que “a través de algo, otra cosa aparezca y manifieste”.

La reforma de nuestra metodología de selección y asignación habrá de dirigirse a posibilitar que la voluntad popular se revele con mayor claridad y precisión, en honor al régimen republicano que elegimos y por el que el poder reside en el Pueblo.

Nota XXVII

Las ideas que nos acercan
por JUAN L. MANAZZONI
Enero de 2009

Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero. Todo el mundo fue testigo de cómo el pueblo norteamericano recibió esta vez al hombre 44° que regirá sus destinos comunes por un mandato de cuatro años.
En medio de hábitos y tradiciones que se remontan a la época de los llamados Padres Fundadores, en un país donde con regularidad y hasta con cierta necesidad las prácticas democráticas son ordinarias, la asunción de Obama tuvo un aspecto extraordinario, al tratarse del primer presidente afroamericano que administrará un país donde hasta hace algunas décadas los precursores de aquella minoría fueron intensamente marginados y segregados.
El ascenso de Barack Obama como 44° Presidente de los Estados Unidos involucra una serie de factores propios y no separables:
a) la misma Constitución norteamericana y sus enmiendas, el régimen republicano y federal que consagra, y su consecuente sistema electoral;
b) el presidente saliente y su polémica y adversa gestión, el desplome del sistema financiero y la crisis que como mancha de aceite se expandió por el mundo (por citar sólo tres notas de la coyuntura actual);
c) la oscilación de paradigmas dominantes en “la Meca del Capitalismo” en el decir de nuestra Presidenta, paradigmas que fueron puntales para la economía de mercado, por un lado, hasta la evocación de las mismísimas figuras de Abraham Lincoln y Martin Luther King, por el otro, respecto de la tradición simbólica de los Estados Unidos en el mundo.
La actitud profunda
No obstante, detrás de estas notas características, la fuerza de esta posibilidad hoy materializada se levantó en una causa menos próxima y más profunda. Obama proviene de una minoría racial que en el pasado fue esclavizada y segregada negativamente de la vida cotidiana del pueblo norteamericano. Hoy, las mayorías electorales de ese mismo pueblo, segregaron positivamente a un miembro de aquellas minorías, eligiéndolo y separándolo para que conduzca sus destinos comunes.
Hubo un radical “cambio de actitud”, no caben dudas: si después de lo tantísimo ocurrido en los Estados Unidos, aún bien entrado el siglo XX, respecto de su población de color derivó en que uno de éstos llegase a ser electo presidente, significa que hubo una clara comprensión de que el fundamento para la próspera nación que todos anhelan, no puede hallarse en el desencuentro por las diferencias, sino por el contrario, en la síntesis de sus diversidades.
Aquellos tormentosos hechos incluyeron hasta la misma Guerra de Secesión, una guerra civil que entre 1861 y 1865 enfrentó hacia adentro al pueblo norteamericano por la disposición y organización de su extensa y amplia economía: dilema que incluía resolver las relaciones entre los industriales estados del norte y los agrarios del sur, primero, y por derivación, el asunto por la abolición o no de la esclavitud.
La esclavitud fue abolida cuando la guerra terminó. Pero la lucha por la causa de la verdadera integración recién parecía comenzar: un día de 1955, Rosa Parks se rehusó a acatar la ley “Jim Crow”, que obligaba a las personas de color a ceder su asiento en el autobús a personas blancas. Como hito en la historia de la lucha por los derechos civiles, aquellos sucesos incitaron una campaña por la causa de los derechos en Montgomery, donde uno de los líderes fue el mismísimo pastor bautista Martin Luther King.
Sabemos de la historia que continuó: muertes y persecuciones, encarcelamientos y congoja, y luego, leyes promulgadas y derechos reconocidos. Resultado: en 2009 esa “actitud que cambió” es manifiesta, y se convirtió en la causa profunda de la elección y asunción del primer Presidente negro, hace tan sólo unos días.
Las aristas de esta nueva historia no supondrán el éxito “por necesidad” de la gestión política iniciada recientemente por Barack Obama. El éxito futuro no tiene garantías: pero sí buenas probabilidades si se erige a partir de una sana lectura del pasado, reconociendo errores y virtudes, éxitos y desilusiones.
Revolución y evolución cultural
Los norteamericanos todos, y especialmente los miles de descendientes de aquellos afroamericanos segregados en el pasado, exultantes de su nuevo presidente, hicieron del 20 de enero una celebración extensible al mundo: no por los actores en juego, insisto, sino por esa actitud viable de perdón e integración dentro de una sociedad.
Los tormentosos hechos del pasado, no opacaron la presentación del Presidente Obama: su discurso no partió del resentimiento sin más, sino llamando a la reconciliación que brota de la justicia.
Ortega y Gasset afirmaba que “cultura es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee”. También se enseñó por allí que “en los pueblos las primeras revoluciones fueron religiosas, luego vinieron las políticas: faltan ahora las de la cultura”.
La reconciliación nacional es posible: la seguridad de un buen futuro no se compra ni vende, pero sí puede afirmarse sobre bases sólidas e inquebrantables, cultivando la revolución de aquellas ideas que nos acercan, el mejor cimiento para los días que vendrán.

Nota XXVI

Consolidarnos
Por JUAN L. MANAZZONI
Enero 2009

Consolidar la gobernabilidad democrática ha sido y es un objetivo elemental para casi todas las fuerzas que conforman el espectro político argentino. En años electorales, como este que comenzamos hace una semana y media, vuelve a resucitar esta declamación, que de seguro vislumbra y promete sustanciosos avances para nuestra optimización y mejor ordenación social.

Según el concepto que hace propio el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la gobernabilidad indica el proceso a través del cual la autoridad se ejerce en una determinada comunidad política, incluyendo:
i. la forma en que los titulares de la autoridad son elegidos, controlados y reemplazados;
ii. los principios y normas bajo los que se ejercen las interacciones entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en términos de competencias, responsabilidad y funciones; y,
iii. la capacidad de la autoridad para identificar necesidades, captar recursos, definir políticas y llevarlas a cabo. (*)

Esta definición agrega luz en espacios aún grises sobre los que debemos trabajar los argentinos. Dadas estas dimensiones cuya auténtica consolidación requiere tiempo y maduración, no significa esta observación una imputación directa de responsabilidades sino más bien un rol o papel que solidariamente nos toca a todos, sin distinción de tiempos, edades o partidos.

El ejercicio de la autoridad sobre nuestra comunidad política, y las observaciones acerca de la mejora de este proceso, devienen en un derecho (y también en un deber), dadas las consecuencias inmediatas del mismo sobre cada ciudadano.

Desagregando la enunciación citada, el primero de sus aspectos señala los modos en que los titulares de la autoridad son elegidos, controlados y reemplazados: hoy desde muchos sectores políticos se sobreentiende la necesidad de rever y modernizar el sistema electoral, pasando por la dinámica interna de los partidos políticos (sobre todo en lo que hace a la selección de sus candidatos); y llegando a los mecanismos de asignación y procedimiento en los organismos destinados al control para una administración pública eficaz.

Los procedimientos y métodos en materia de selección, asignación y control, en modo evidente aguardan un desarrollo distinto, que origine las expectativas y eficiencias que aun no generó.

En segundo término, respecto a la necesaria y cabal interacción que se aguarda para la vida en sociedad, esto es, entre los sectores público, privado y el de la sociedad civil, también allí, como compatriotas, nos debemos la imperiosa tarea de reformular los modos de cooperación y participación: tener en cuenta la voz y el parecer de aquellos que producen, comercializan o prestan servicios a la sociedad, recurriendo al miedo de un nuevo corporativismo, es un fácil reduccionismo.

En esta materia, los argentinos sobrellevamos un gran momento de dolor y desencuentro el pasado año 2008: tamaña experiencia debió enseñarnos que las decisiones públicas planteadas en términos unilaterales, devienen en el modo menos ventajoso para cualquier sector de la sociedad, aún para aquél que adopta tales determinaciones.

En tercer y último lugar, encontramos la dimensión administrativa del Estado, por la que se intenta responder y satisfacer a las necesidades detectadas sobre la población. Es quizá por ello la perspectiva en la que el ciudadano “de a pie” deposita mayores expectativas y esperanzas: a partir de la consideración racional de necesidades y expectativas frente a recursos, metas y objetivos, se disponen políticas vitales que intentan el crecimiento presente y futuro, y que originan efectos directos en la vida de los ciudadanos.

Hemos oído mucho acerca de la necesaria labor por dotar cada vez de mayores grados de institucionalidad a la República. No obstante, con frecuencia se ha comprimido aquél llamado al fortalecimiento necesario de las instituciones al sólo ámbito que refiere al primero de los ítems citados: es decir, al modo “en que los titulares de la autoridad son elegidos, controlados y reemplazados”, y a la manera en que éstos deciden y ejercen la autoridad.

Mientras, cede al mismo tiempo el reclamo por robustecer las instituciones administrativas y burocráticas en los tres niveles del Estado: unos de los mayores esfuerzos que debe comenzar será que las instituciones administrativas sean consolidadas, por la importancia que detentan en sí mismas, y porque su solidez es condición necesaria para todo crecimiento futuro.

Todo intento de reforma de Estado deberá incluir siempre, todos y cada uno de estos aspectos: la verdadera modernización vendrá con la mejora en los procedimientos de selección, seguimiento y control de los titulares de la autoridad, en los modos de colaboración entres sectores sociales y en mayores niveles de eficiencia administrativa.


(*) www.iadb.org

Nota XXV

2008
por JUAN L. MANAZZONI
Diciembre 2008

Días atrás, con mucho acierto afirmaba un comentarista en un diario porteño, que los hechos de estos últimos años debían llevar una referencia obligada, la sigla “a.C” o la “d.C”: antes del campo o después del campo. Un modo de mostrar cómo la confrontación entre el Gobierno y el mundo agropecuario caló hondo en la vida de los argentinos. Al punto que nos lleva a sintetizar que 2008, entre otras cosas, fue el año en que comenzó la debacle de poder y el repliegue de los Kirchner.

Es inevitable el impulso por averiguar en qué momento puntual comenzó el desplome de un Gobierno que sólo unos meses antes había sido electo con amplia mayoría.

El punto de inflexión

En un preciso momento del año, un punto de inflexión marcó el paso por el cual el Gobierno argentino saltó de una situación prolongada de estabilidad y crecimiento en lo que hace a su aceptación popular e imagen positiva, a otra (cada vez más pronunciada), de debilidad y caída.

Para algunos, el “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos fue el inicio de esta adversidad letal a la que referimos. Sin embargo, un mínimo esfuerzo ayuda a recordar que el descontento generalizado hacia al Gobierno, por su forma de responder al reclamo agrario, había comenzado antes.

El cambio de esa tendencia de aceptación podría haber iniciado también aquella noche de julio, en la Cámara de Diputados, donde una ajustada votación logró media sanción para ratificar la Resolución 125, ocasión en la que ya un importante sector del bloque peronista, crítico de la situación generada, se opuso a las directivas del Poder Ejecutivo y votó en contra, dando a luz el germen de un bloque disidente que en noviembre abandonó al oficialismo.

Pero otra vez la memoria nos ayuda a recordar que aquél descontento comenzó aún antes de que “la 125” llegue al Congreso. El instante de desencuentro más revelador fue un martes de marzo, cuando la clase media porteña salió a la calle a protestar con sus cacerolas frente a un altivo discurso presidencial que denunciaba “los piquetes de la abundancia”. Ese momento y no otro mostró por vez primera un avanzado conglomerado de protestas entre sectores sociales diferentes, a quienes los unía el descontento: y que ante la falta de un ámbito donde formular sus reclamos, explotaba en las calles.

Una historia sin partido

Desde 2003, el matrimonio Kirchner construyó su poder debilitando los ya decadentes partidos políticos argentinos: inicialmente enfrentaron a su mismo partido de origen, el PJ. Más tarde, bajo el paraguas de “la transversalidad” primero, y de la Concertación después, cooptaron cuadros y dirigentes de fuerzas opositoras, amortiguando su capacidad de acción. Luego dijeron regresar a “normalizar” su partido, al que habían desafiado: volvieron y nombraron a su gente en la estructura tradicional.

En suma, se preocuparon por ahogar cualquier expresión política en el país que no se identificara con ellos. Recuérdense aquellos discursos de Néstor Kirchner, en los inicios de la primera gestión, cuando duramente cruzaba embates contra “las corporaciones” y anunciaba su intención de desarticularlas. Entre ellas, la corporación política.

El intento de ahogo de los Kirchner hacia los partidos políticos desde 2003 tuvo un doble efecto negativo: para la sociedad, por un lado, aquellos ataques reprimieron el necesario crecimiento y fortalecimiento de éstos, esperable tras la implosión de 2001; por otro lado, para el Gobierno, su cruzada se les volvió en contra, tanto que hoy ante su propia debilidad, necesita del sustento de un partido sólido (esto es: eficiente, propositivo y plural), que ellos se preocuparon por no tener.

Durante el conflicto agropecuario, la protesta del campo no pudo ser contenida ni canalizada tratando de evitar poner en vilo a la sociedad argentina en general. Inevitablemente y con dolor, aquél desencuentro terminó extendiéndose a toda la órbita política argentina, en todos sus estamentos.

Por aquellos días el PJ se cerró puertas adentro, obviando la escucha de los reclamos sociales. Mientras que su excesiva centralización hizo que se sintetizaran las responsabilidades de la guerra gaucha en dos o tres personas. Hoy, finalizada la protesta, el Gobierno necesita un partido fuerte que lo acompañe y sustente: pero su propio partido está vacío de autonomía y vida propia.

Dirigentes de la frustrada concertación, piqueteros y progresistas afines, lamentan que Kirchner se haya “encerrado en el PJ”. Es hora de preguntarnos qué poder real tiene hoy el mismo PJ. Sencillamente, ninguno. Los miembros de Consejo Nacional, la más alta autoridad ejecutiva del partido del Gobierno, fueron puestos allí a dedo y con la misma lógica del kirchnerismo: o responden sin chistar al núcleo duro del poder, o son excluidos. El disenso, vedado.

La centralización y el apriete

Es un hecho que Kirchner cayó en una encerrona: su forma de actuar y sus discursos dan cuenta clara de ello. Pero Kirchner no se cerró al PJ, sino a su aquél primer círculo de recaudadores, digitadores de la obra pública, y repartidores de beneficios estatales: sus “agentes de apriete”, imprescindibles para su concepción de poder.

Desde la obra pública que discrecionalmente maneja Julio De Vido, pasando por la artimaña de los transportes que hace Ricardo Jaime, hasta el trastoque del polémico Guillermo Moreno a las reglas de comercio. Ni hablar del burdo patoterismo de ejemplares como Luis D’Elía, que llegaron al culmen de irrumpir el espacio público para intimar otras manifestaciones autónomas. Como aquella noche de las cacerolas, en la que D’Elía con su gente, “ocupó” la Plaza de Mayo.

Hoy la 125 no existe; el campo ya no logra movilizar como en el otoño: pero la huella que el conflicto dejó es indeleble. Mientras oímos una catarata de anuncios faraónicos que caen como lluvia al mar, vemos que aunque cambie o no cambie el calendario, no hay dudas de que una nueva época ya comenzó.