lunes, 6 de abril de 2009

NOTA XXXII
Los caminos que conducen a Roma
por JUAN L. MANAZZONI
Abril de 2009

Todos los caminos conducen a Roma. Así lo descubría la “tabula peutingeriana”, una red de destinos que organizaba las calzadas
del Imperio y guiaba los itinerarios de viaje en la época de la antigua Roma.
Esa misma imagen conserva actualidad. El próximo 28 de junio miles de argentinos concurrirán a las urnas para elegir el recambio legislativo, y en consecuencia, revalidar su adhesión o manifestar su oposición al gobierno de Cristina Kirchner. Hoy, como con aquellos caminos antiguos, todos coinciden en que el Gobierno se encamina por un sendero peligroso frente a las elecciones de junio. Encuestadores y analistas pronostican que “el Gobierno puede perder” mientras “la calle” se hace eco también de ese coro de cálculos.
Ante una eventual derrota del oficialismo en junio, surge un interrogante acerca del proceso que resta y conduzca al Gobierno a perder las elecciones, tarea en la que el accionar opositor ocupa mayor protagonismo. Se predice un fin, mientras se duda respecto al método: así comienza la alquimia.
Confusión de tiempos
Con el adelantamiento de las elecciones cambiaron los tiempos electorales. Se apuntó a desarticular a una oposición que se vio en apuros y que por ello necesitó agilizar su ritmo para “coalicionar”. Sin embargo, quien tiene mayores urgencias es el propio Gobierno, que en junio pondrá en juego su destino de vida.
Habiendo transcurrido sus mejores épocas de relación con el electorado, cuando Cristina Kirchner logró la presidencia en octubre 2007, se inició naturalmente una etapa donde el oficialismo podía, o bien mantener sus niveles de adhesión popular, o bien comenzar a declinar.
Son bien conocidas tanto la historia que siguió a la asunción de Fernández de Kirchner, así como muchas consecuencias de las decisiones que adoptó: aquél techo de adhesión alcanzado en 2007 junto al largo conflicto estimulado frente al sector agropecuario, redujeron en el kirchnerismo el margen de maniobra para la construcción política, dando lugar a una ineludible tendencia a caer.
Consciente de su caída y a fin de aminorar ese margen negativo, el Gobierno recurre a la manipulación de recursos políticos, al manejo de las condiciones eleccionarias, al clientelismo. Con todo, sus ventajas electoralistas hoy no le devuelven ya la valiosa ganancia que perdió como recurso preciado: desde el conflicto con el campo, se quebró el lazo que unía el oficialismo con los sectores medios, que vapuleados o no, en otra época le brindaron un apoyo sustancial.
No obstante el manejo que el kirchnerismo hace de las condiciones electorales, la oposición cuenta con otras ventajas, de otro tiempo. Así como en el pasado el oficialismo frente a sus contundentes niveles de adhesión popular podía mantenerse o comenzar a caer, hoy los partidos de oposición tienen margen para maniobrar un potencial camino de crecimiento, reverso del oficialista.
Aprovechar ese potencial y formular un medio práctico, concreto, como propuesta ganadora depende de los gestos que la oposición revele, generando coaliciones y sobreponiéndose al manejo de las condiciones electorales, manejo que tiene por fin socavar cualquier capacidad de armado de propuesta política alternativa.
Que nadie gane
Por los números de las encuestas o por su experiencia de vida política, Kirchner sabe de la situación, y frente a la posibilidad de perder, busca que tampoco ganen los demás. La actitud de salvarse a sí mismo boicoteando las posibilidades de los demás, atacando las normas por cumplir para regular y asegurar la sana la competencia, siempre se ha consignado como llana deslealtad. Manipular las reglas de la competencia con el objeto de afectar a los otros que compiten, supone cierto boicot al sistema político y a la ciudadanía en general.
Los partidos políticos no oficialistas no son condición suficiente del sistema democrático: pero sí son condición necesaria. Al menoscabar así las posibilidades reales de la oposición, se perjudican al mismo tiempo las bases de la democracia. Por ello, el paso de la competencia (contienda leal entre quienes aspiran a obtener la misma cosa) a la agresión de las reglas de juego, sometiendo las posibilidades de las minorías, termina por sesgar la calidad democrática.
Se corre el riesgo de que tales actitudes acaben por conducir al electorado a cierto callejón sin salida con el vacío objeto de que “nadie gane”. Y si nadie gana, claramente, pierden todos.
Frente a tales actitudes, emerge la natural duda sobre cómo este Gobierno afrontaría una derrota electoral: si hasta ahora manipuló así las reglas del sistema en su beneficio, es legítimo preguntarse sobre su actuación en un día de hipotéticos resultados adversos.
Con seguridad, sí sabemos que son las “actitudes de Estado” el remedio a situaciones como las descritas. Actitudes de Estado que respeten los caminos y los tiempos orgánicos de la historia, que esperen la gradual evolución de los cambios y que consideren con respeto la tradición de los pueblos. Actitudes de Estado que impliquen gestos de conciliación y sana competencia, donde sea posible elevarse por encima de las facciones para servir al pueblo.
NOTA XXXI
Las cuatro batallas
por JUAN L. MANAZZONI
Marzo de 2009

El miércoles pasado y con el voto de 136 diputados, el oficialismo logró dar media sanción al proyecto de adelantar las elecciones legislativas de este año para el mes de junio. El mismo día, en simultáneo, en el Teatro Argentino de La Plata, la Presidenta de la República “lanzó” el debate por una nueva Ley de Radiodifusión, sesenta días antes de enviar el proyecto para su debate y aprobación en el Congreso. Horas más tarde, ya el jueves, se anunciaba desde la Residencia presidencial de Olivos el nuevo destino para la recaudación de las polémicas retenciones a la exportación de soja.
Tres batallas.
En primer término, en su afán por recomponer la relación con el electorado que en otras épocas tuvo y hoy perdió, el kirchnerismo se lanzó a adelantar los comicios de octubre, cambiando las reglas de juego electoral en pleno desarrollo del cronograma establecido y zarandeando a los partidos de la oposición a fin de desarticular su avanzada y hacerse de una victoria que salve sus mayorías legislativas.
En segundo lugar, el oficialismo redobló esta semana su afrenta con los medios de comunicación y específicamente contra el Grupo Clarín, denunciando “la concentración mediática y su sistemática oposición” al Gobierno. Es posible dudar que el objetivo de la nueva ley sea no sólo desarticular la actual concentración, sino también allanar el camino a un nuevo tipo de digitación desde el poder político.
Por último, en torno a las retenciones a la soja, se anunció la decisión de coparticipar a las provincias el 30% de lo que se recauda en concepto de derechos de exportación de esos granos. Según la dirigencia agropecuaria, la nueva disposición no acerca soluciones a la crisis por la que atraviesa la producción primaria y la consideran un nuevo atajo que toma el Gobierno para tensionar la negociación y congelar toda discusión.
La cuarta batalla.
El oficialismo conserva aún la posibilidad formal de ganar las elecciones, sean en octubre o en junio, así como la oposición. En caso de ganar el oficialismo, evidentemente ganaría “menos” que en 2005 y en 2007. Mantener las bancas que tiene hoy en el Congreso le será imposible. De ahí ya su derrota.
El miércoles pasado logró arañando una victoria parlamentaria con “la Cámara que se va”. Sin duda, después del 10 de diciembre esas mayorías ya no existirán. Por ello, aún en el dificultoso caso de ganar las elecciones en determinadas provincias, es un hecho que en breve el oficialismo pasará a ser minoría en el Congreso Nacional.
En la Argentina de los últimos seis años las grandes decisiones y el poder en general fueron edificados bajo el paraguas de la distinción “amigo versus enemigo”. El espacio social fue dicotomizado según el criterio de un Gobierno que adoptaba decisiones mientras asignaba a disidentes y opositores el traje de “enemigos de los argentinos”.
Por ello resulta llamativo el gesto del Gobierno al promover en los próximos sesenta días el debate por una nueva Ley de Radiodifusión: del caso de unas pocas personas tomando las decisiones para los 37 millones de compatriotas en una habitación y anunciándolas sorpresivamente, se pasa al extremo opuesto, bueno en sí mismo, de propiciar “el debate” del proyecto de Ley entre los sectores involucrados y los actores que algo tienen que ver con esa reglamentación.
La nueva Ley de Radiodifusión pone en jaque los intereses de poderosos grupos económicos dedicados a la comunicación y la actividad periodística. La pregunta que naturalmente surge es por qué el Gobierno decide llamarse a duelo con las grandes cadenas de medios de comunicación a partir del día en que el Congreso debate acelerar las elecciones.
Mientras en La Plata la Presidenta divulgaba el proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión, a la misma hora, en el recinto de la Cámara de Diputados se debatía adelantar las elecciones al mes de junio, y fuera del Congreso, miles de vecinos de la Capital marchaban exigiendo mayor seguridad.
Dos efectos se propuso el oficialismo desde la capital provincial: uno inmediato y otro mediato. En el primero de los casos se buscó diluir la atención de la opinión pública, opacando dos situaciones contradictorias y polémicas, como el cambio de fecha de las elecciones y la inacción frente a la inseguridad. El segundo efecto que se intentó, mediato y substancial, fue el de advertir a los medios de comunicación, sobre la posible sanción de la nueva ley.
La Argentina necesita de una nueva norma que regule la radiodifusión, de acuerdo a los nuevos tiempos y al avance de la tecnología, y sobre todo, democrática, garantizando pluralidad y libertad de expresión.
Pero también la responsabilidad del Estado es primaria a la hora de evitar volver a una sociedad víctima del cruce de nuevas sospechas, de acusaciones de ánimo conspirativo y de la sombría metodología de declarar amigos y enemigos dentro de la Nación.
Bajo “una mímesis de debate”, la ciudadanía volvió a quedar esta semana en medio de presiones y provocación, al tiempo que las voces de los representantes que debatían en el Congreso Nacional y las de miles de argentinos que protestaban en las calles, fueron disimuladas.
En la batalla con los medios de comunicación, en el adelantamiento de las elecciones y en la tensión con los productores agropecuarios, el Gobierno “se pinta la cara”. Mimetizándose, esconde su rostro.
Ajustar las cuentas públicas para mientras asegurarse “la caja” como órgano de poder, involucrará para Kirchner volver a las políticas de ajuste que tanto denostó.
Extenuado ya para esa cuarta batalla, Kirchner evade su responsabilidad y busca los culpables “formales”, a quienes condenar por las frustraciones de los argentinos. Escondiéndose detrás de “la embestida de la oposición, de los medios y el agro” el Gobierno se mimetiza, acusando intenciones de boicot “contra el gobierno popular”. Para ello se pinta la cara, como su aliado Aldo Rico.