NOTA XXIX

La cizaña y el trigo
Por JUAN L. MANAZZONI

Febrero de 2009

Finalizó esta semana con más legisladores nacionales que abandonaron la bancada oficialista, situación que generó repercusiones no menores. Los senadores nacionales Carlos Reutemann, jefe del peronismo de Santa Fe, y Juan Carlos Romero, varias veces gobernador de Salta, renunciaron al Frente para la Victoria, denunciando la negación al aperturismo desde la Casa de Gobierno. Con ellos van quienes los siguen: diputados, legisladores provinciales y concejales o consejeros locales, que se suman a la sangría iniciada en 2008.

Esta escalada de renuncias muestra el retroceso de un proyecto político que por algunos años se plantó en avanzada. La matriz utilizada durante seis años para la construcción de poder es la misma que hoy lo licúa. Matriz que dejó de ser funcional a la sociedad, pese a que el Gobierno resiste a darse cuenta de ello.

En períodos de cierta estabilidad y crecimiento económicos, las dificultades propias de la crisis de representación y de los partidos políticos fueron sorteadas sin mayores dificultades, momentos en los que el Gobierno logró mayor aceptación social, mientras la sociedad exigía a la vez la recuperación y fortalecimiento de los canales de decisión públicos. Circunstancia obvia tras padecer la crisis de desgobierno que los argentinos sufrimos en 2001.

No obstante, aquella primera etapa de gobierno, caracterizada por sus altos niveles de construcción política, fue el mismo tiempo en que Kirchner junto a su trigo, fertilizó también la cizaña que hoy lo ahoga.

Néstor Kirchner, ex presidente y conductor del frente que lidera, sujetó a cuantos actores se le cruzaron a sucesivas confrontaciones, que lentamente fueron replicando en el interior de aquel cuerpo político. La derrota legislativa en la batalla por la resolución 125 desnudó esa hemorragia interna, hoy ya insuperable.

La “pejotización” junto a los cuestionados intendentes del Gran Buenos Aires con la dejadez hacia la fuerzas aliadas del campo progresista que resultaron imprescindibles para la victoria electoral de 2007, por un lado, y la presión alrededor del manejo de los recursos públicos sobre intendentes y gobernadores, por el otro, fueron los dos factores que minaron aquella construcción política que Kirchner inició en 2003.

“Hacia afuera”, la relación con las organizaciones sindicales para el futuro cercano es cada vez más incierta; otro tanto respecto de los sectores del capital, nacionales y todo, hoy en abierta confrontación. Otro tanto en cuanto a la prensa, los sectores de la cultura, los credos religiosos, por citar actores no menores.

La encerrona de debilidad en la que hoy cayó el Gobierno es consecuencia directa de su lógica centralizada que indujo al fracaso en la generación de un proyecto político trascendente y sustentable. El creciente flujo de legisladores y gobernadores, dirigentes y caudillos provinciales que marcan su enfrentamiento a la Casa Rosada es natural derivación de un poder concebido y ejercicio de forma concentrada y excluyente.

Tal es la extenuación, que se abandonó la práctica de aquel juicio categórico de “traición” que meses atrás se impartió sobre dirigentes que manifestaron disidencias y dejaron de apoyar al Gobierno. Al punto que mientras Reutemann quita su apoyo aminorando aún más al Gobierno, por ejemplo, éste implora que el senador sea su candidato en los próximos comicios de Santa Fe. Actitud impensada meses atrás.

El derrumbe de poder (derrumbe del poder, no derrumbe del Gobierno) parece ser análogo y concomitante a aquel ritmo de recuperación de la autoridad presidencial y capacidad de decisión que los Kirchner supieron impulsar: el problema fue que fraguaron su construcción con elementos endebles y prácticas que adulteran el ideal republicano.

Los gestos y la eventualidad de síntesis que en las últimas semanas exhibieron los partidos y dirigentes de la oposición es un antecedente propicio, al margen de las simpatías y antipatías profesadas respecto de aquellos mismos dirigentes o partidos. Los acercamientos entre sectores del arco opositor, antes dispersos, facilitará que el sistema político descanse en un número cierto de alternativas viables y con necesarias diferencias de sustancia y de propuesta: para que así el ciudadano elija, contribuyendo a la recuperación de la gobernabilidad y la paz social.

NOTA XXVIII

El aporte del silencio
por JUAN L. MANAZZONI

Febrero de 2009

En la última semana, de la mano de partidos de la oposición, entre los que se cuentan PRO, la Coalición Cívica y la UCR, junto al peronismo alternativo que conduce Felipe Solá, cobró mucha fuerza y notoriedad la idea de incorporar para las elecciones en nuestro país el sistema de boleta única. El viernes, precisamente, se presentó uno de los proyectos de ley y es de suponer que se iniciará un contundente debate sobre una cuestión más que delicada al interés público.

El Foro para la Reforma Política, una de las organizaciones de la sociedad civil nucleada detrás de esta causa, avaló nuevamente el planteo de esta necesidad pública e incentivó la presentación de proyectos de ley para una reforma sustancial.

Desde hace ya varios años son muchas las voluntades que se alzan en pro de la reforma política argentina, lo que naturalmente incluye la imperiosa modernización del sistema electoral. Esta idea en particular cobró un ímpetu propio tras las elecciones generales de octubre de 2007, sobre todo, cuando la candidata presidencial Elisa Carrió denunció el robo de boletas de su partido en mesas del conurbano bonaerense.

“Nos robaron las boletas del cuarto oscuro”, sentenciaba Carrió: sus reclamos ante el hecho de que sus seguidores no encontraban la boleta para sufragar por ella no cayeron en saco roto y hoy este tema tan trascendente llega al Congreso de la Nación.

Después de cinco décadas de inestabilidad institucional, en 1983 se inició en la Argentina un pausado camino de recuperación, crecimiento y fortalecimiento institucional. A veinticinco años de la recuperación democrática y a quince de la Reforma constitucional de 1994, es esperable que de una vez por todas se asuma la responsabilidad de reformular un sistema electoral que hoy viene a generar un margen de dudas, pero susceptible de ser corregido en pos de mayor confianza y certezas.

Sin embargo, es ineludible observar el momento en que emerge el debate: lamentablemente el proceso de debilitamiento frente a la sociedad del Gobierno nacional iniciado en 2008 juega una mala pasada al debate de esta cuestión trascendente. La situación previa a las elecciones legislativas de octubre próximo, en las que algunos vaticinan un resultado complicado para el oficialismo, hace que nuevamente todos los argentinos volvamos a ser rehenes de los caprichos de unos pocos.

Un dato para tener en cuenta es que la necesidad de reformar el sistema electoral no provino sólo de bancadas de la oposición, sino de dirigentes de distritos donde el Gobierno nacional encuentra altos niveles de debilitamiento y falta de adhesión, por citar la Capital Federal y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y la populosa Buenos Aires.

Los gobernadores de provincias más chicas, en su mayoría ligados al kirchnerismo, obviaron manifestarse sobre el tema. Los intendentes del Conurbano, otro tanto, mientras los legisladores del PJ brillaron también por su silencio.

La costumbre oficial, verborrágica en defender sus posturas y en atacar las alternativas, contrastó esta vez con un silencio inusual desde hace muchos años: largamente declamaron por la reforma política, y ahora que se propone una reformulación concreta y auspiciosa, evitan la discusión. Con renuencia, volvemos a padecer la negación del diálogo, que de alguna manera, es la negación del otro.

Al preguntarnos por qué el Gobierno elude esta responsabilidad primaria, irrumpen tres posibles razones. Primero, que el kirchnerismo, en su agudo proceso de sangrado, no cuenta ya con las cómodas mayorías que supo conseguir y con las que imponía sus criterios. Recuérdese que una de las últimas votaciones en la Cámara de Diputados en 2008, aquella que trataba el polémico blanqueo de capitales, se aprobó con una ajustada mayoría y dudosamente mayoría. Segundo, se pone en juego su mismo sistema de construcción de mayorías: la reforma del sistema supone atacar ciertas prácticas que, si el Gobierno no utilizó, al menos sí dejó de combatir, para hacerse de una mayoría que hoy ya no tiene, pero con la que se impuso durante cinco años. Tercero, y ahora ya en el caso de que se logre la aprobación de la ley, en la situación de descreimiento generalizado por la que hoy atraviesa, el Poder Ejecutivo no podría ejercer su poder de veto, hecho que le significaría su autoimplosión asegurada.

Por lo visto, el Gobierno no realizará ningún aporte ni contribución, ni presentará alternativa propia: cuando todo el arco político argentino comparte que el sistema electoral del país debe ser agilitado y modernizado, el Gobierno que dice ser progresista vuelve a limitarse cercenando todo aquello que no surja de su seno. “Argentina, un país en serio”, rezaba el lema de campaña cuando Néstor Kirchner era candidato presidencial en 2003: en un país en serio, es inconcebible que ante el necesario trato de una cuestión tan urgente y delicada para el presente y para el futuro, sus dirigentes nada propongan o sólo profieran ataques sordos a los planteos de las minorías.

El actual régimen electoral aguarda medidas correctivas de aquellos vicios y prácticas que corrompen la manifestación clara de la voluntad popular. La intención alegada por quienes proponen esta reforma de sistema es precisamente “transparentar el proceso electoral”: de forma literal, volverlo más transparente implica lograr que “a través de algo, otra cosa aparezca y manifieste”.

La reforma de nuestra metodología de selección y asignación habrá de dirigirse a posibilitar que la voluntad popular se revele con mayor claridad y precisión, en honor al régimen republicano que elegimos y por el que el poder reside en el Pueblo.